La Segunda Sala Penal de la provincia de Santo Domingo dictó sentencia absolutoria a favor del general retirado José del Carmen Familia, conocido como “Ranger”, en un caso que durante años generó intenso debate público sobre la legítima defensa y el uso proporcional de la fuerza. El proceso judicial se originó tras un violento asalto ocurrido en 2016 en el sector Gazcue, cuando el militar retirado fue atacado en el balcón de su residencia por dos hombres armados que lo golpearon y le dispararon. Tras el ataque, el exoficial buscó un fusil dentro de su vivienda y persiguió a los agresores, dando muerte a uno de ellos minutos después del incidente.
El Ministerio Público sostuvo inicialmente que la reacción del general superó los límites de la defensa legítima, argumentando que el asaltante ya se encontraba neutralizado por agentes policiales cuando recibió el disparo fatal. La acusación solicitó una condena de hasta 20 años de prisión bajo cargos relacionados con agresión y homicidio. Sin embargo, la defensa logró desmontar esa tesis basándose en el artículo 368 del Código Penal Dominicano, que contempla circunstancias atenuantes cuando existe continuidad en la acción tras una agresión grave. Según los abogados, no hubo una separación cronológica clara entre el ataque sufrido y la reacción del acusado.
La decisión judicial ha reavivado el debate nacional sobre el equilibrio entre el derecho a la defensa personal y la obligación del Estado de garantizar justicia sin recurrir a la violencia privada. Sectores de la opinión pública consideran que el caso evidencia fallas estructurales del sistema de seguridad y persecución penal, especialmente cuando delincuentes con múltiples antecedentes permanecen en libertad. Al mismo tiempo, juristas advierten que justificar reacciones letales podría abrir la puerta a actos de justicia por mano propia o incluso linchamientos. El desafío, señalan expertos, radica en fortalecer el sistema judicial para proteger tanto a las víctimas como las garantías del debido proceso.
