Familiares de la adolescente Emely Peguero y de Simón Bolívar Ureña, conocido como “El Boli”, valoraron el curso de las investigaciones del Ministerio Público mientras se conocía la revisión obligatoria de la medida de coerción en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. La audiencia fue encabezada por la jueza Isolina Peralta Contreras, quien dispuso que el proceso se desarrollara sin presencia de personas ajenas al caso, tras la solicitud de la defensa. La decisión se tomó con el objetivo de preservar el orden y el debido proceso en una causa que continúa generando atención pública.
Durante la jornada, abogados de ambas partes ofrecieron declaraciones en torno a la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República sobre denuncias de supuesta extorsión vinculadas al expediente. Representantes legales señalaron que estas acusaciones constituyen elementos separados del proceso principal y que no deben interferir con la determinación de responsabilidades en el crimen. Por su parte, familiares de la víctima insistieron en la necesidad de que las autoridades mantengan el rigor en las investigaciones y esclarezcan todos los aspectos relacionados con el caso.
El desarrollo de la audiencia se produce en un contexto de seguimiento constante por parte de la opinión pública, dada la gravedad de los hechos y el impacto social del caso. Analistas consideran que la revisión periódica de las medidas judiciales forma parte del procedimiento ordinario y contribuye a garantizar transparencia en el proceso. Se espera que las autoridades continúen informando sobre los avances, mientras las partes involucradas reiteran su disposición a que se respete el marco legal y se alcance una resolución conforme a derecho.
