Bajo la presentación de Nuria Piera, salió a la luz una denuncia colectiva de residentes médicos del Hospital Central de las Fuerzas Armadas que expone presuntos abusos sistemáticos dentro del programa de cirugía general. La comunicación, firmada por residentes de primero, segundo y tercer año, detalla maltratos verbales y psicológicos, sanciones excesivas, cobros compulsivos y jornadas laborales extenuantes. El documento refleja un nivel de organización y redacción que evidencia una preocupación estructural y no hechos aislados, lo que llevó a solicitar formalmente una investigación periodística.
Entre los puntos más sensibles figura una denuncia de acoso sexual atribuida a un miembro del consejo profesoral, así como la supuesta indiferencia de las autoridades académicas ante la situación. Los residentes también describen la obligación de costear transporte, alimentación, materiales y cuotas internas sin transparencia, además de la pérdida arbitraria de vacaciones y la falta de un proceso formativo adecuado. Estas condiciones, afirman, no solo afectan su salud física y mental, sino que podrían comprometer la seguridad de los pacientes atendidos bajo altos niveles de agotamiento y estrés.
Tras la solicitud de entrevistas, las autoridades del hospital informaron que el conflicto fue “resuelto” de manera casi inmediata. La dirección del centro sostuvo que las residencias no dependen directamente de la estructura militar, sino del Ministerio de Salud Pública, y que el caso fue remitido al consejo profesoral. Como medida concreta, se dispuso la destitución del coordinador señalado y el nombramiento de un nuevo responsable. No obstante, persisten interrogantes sobre por qué las denuncias no fueron atendidas antes y por qué el punto relativo al acoso sexual desapareció en una versión posterior del documento. El caso marca un precedente relevante: residentes que, incluso dentro de un entorno militar, se atrevieron a denunciar, abriendo un debate necesario sobre poder, formación médica y derechos laborales.
