La cultura de las llamadas “visitas sorpresa” ha generado efectos colaterales en la percepción ciudadana sobre el funcionamiento institucional. En La Vega, un grupo de vecinos publicó una carta pública dirigida al presidente Danilo Medina para pedirle intervenir por el ruido constante de un colmadón ubicado en un sector residencial. El gesto refleja desesperación: tras agotar denuncias ante ayuntamiento, policía y autoridades ambientales, los residentes concluyeron que solo la presencia presidencial garantiza respuestas. El mensaje implícito es preocupante, porque normaliza la idea de que los problemas cotidianos se resuelven únicamente con la mediación directa del jefe del Estado, actual persistente.
El caso expone fallas de coordinación y capacidad operativa. Los vecinos del parque Las Palmas denunciaron años de música excesiva, consumo de alcohol y alteración del orden, pese a estar cerca de viviendas, colegios e iglesia. Cada institución se declaró incompetente o limitada por recursos, generando una cadena de omisiones. La respuesta parcial —controles puntuales o incautaciones esporádicas— no resolvió la recurrencia. Incluso se evidenció desconocimiento de competencias entre planeamiento urbano, medio ambiente y control de bebidas, mientras el negocio operaba sin uso de suelo comercial en zona residencial, con impactos sociales y sanitarios acumulados para la comunidad local vulnerable.
El episodio invita a revisar el modelo de gobernanza. Un Estado funcional debe resolver conflictos locales con reglas claras, sanciones efectivas y ventanillas responsables, sin trasladar cargas al presidente. Las visitas pueden diagnosticar, pero no sustituir instituciones. Fortalecer ayuntamientos, policía municipal y fiscalización ambiental, además de clarificar horarios y licencias, es clave. Cuando la ciudadanía cree que solo una visita presidencial paga la música, la señal es inequívoca: la institucionalidad requiere inversión, liderazgo técnico y rendición de cuentas sostenida para garantizar convivencia, descanso, derechos vecinales y confianza pública duradera en territorios urbanos y rurales del país hoy mismo sin dilaciones.
