La muerte de la anestesióloga Ernestina Contreras Bautista, de 24 años, ha generado una profunda controversia pública y reavivado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de salud dominicano. El caso tomó notoriedad tras la difusión de audios en redes sociales y WhatsApp, donde médicos denunciaban supuestas negligencias, exigencias económicas indebidas y una narrativa apresurada que apuntaba a un suicidio. Ante la gravedad de las acusaciones, se inició una investigación periodística para contrastar versiones y establecer hechos verificables en torno a este fallecimiento ocurrido tras un traslado médico entre Cotuí y San Francisco de Macorís.
La doctora Contreras fue hallada inconsciente, con signos de cianosis, en el hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, donde laboraba. Recibió maniobras de reanimación, fue intubada y estabilizada, pero debido a la ausencia de una unidad de cuidados intensivos con ventilador, se decidió su traslado. Durante la madrugada fue llevada brevemente a la clínica Siglo XXI, que aseguró no haber condicionado su atención a pagos ni verificación de seguro, y luego al hospital San Vicente de Paúl, donde se confirmó muerte cerebral. Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos contradicen la versión de que se exigieron depósitos económicos para atenderla.
La causa de la muerte aún no ha sido determinada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lo que mantiene el caso en una zona gris. Familiares y colegas descartan el suicidio y señalan antecedentes médicos y una posible sobredosis accidental por automedicación, hipótesis planteada por un médico cercano. Más allá de las versiones, el hecho incuestionable es la muerte de una joven profesional de la salud, madre y trabajadora activa. El caso expone fallas estructurales, vacíos de protocolos y la fragilidad de un sistema que, incluso para quienes lo integran, puede convertirse en un riesgo. La pregunta persiste: ¿fue una tragedia clínica o una consecuencia evitable del sistema sanitario?
