Marlin Martínez, acusada por la muerte de la adolescente Emely Peguero, volvió a colocar su caso en el centro del debate público tras denunciar una presunta irregularidad ocurrida mientras se encontraba recluida en la cárcel de Rafey. Según sus declaraciones, el abogado de la familia de la joven, José Jopelman, la habría visitado en el centro penitenciario haciéndose pasar como ayudante del procurador, hecho que —de confirmarse— podría constituir una falta grave al debido proceso judicial.
Martínez aseguró que durante ese encuentro el jurista habría intentado obtener informaciones bajo una identidad falsa, lo que ella calificó como parte de un entramado diseñado para perjudicarla legal y mediáticamente. La imputada sostuvo que existen datos, peticiones y situaciones ocurridas durante esa visita que aún no ha revelado públicamente, pero afirmó que lo hará en el momento procesal oportuno. De acuerdo con su versión, dichas acciones formarían parte de una estrategia para influir en la opinión pública y en el desarrollo del expediente judicial en su contra.
Mientras estas denuncias generan nuevas reacciones, este martes el Primer Juzgado de la Instrucción de San Francisco de Macorís conoce la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a Marlin Martínez. Esta audiencia forma parte del procedimiento regular establecido por la ley, con el objetivo de evaluar si se mantienen, varían o cesan las disposiciones vigentes. El caso Emely Peguero, uno de los más sensibles y seguidos por la sociedad dominicana, continúa provocando atención nacional, al tiempo que distintos sectores insisten en la necesidad de transparencia, respeto al debido proceso y garantías plenas para todas las partes involucradas en uno de los procesos judiciales más emblemáticos del país.
