Ayer, en una audiencia marcada por tensión y dolor, Marlin Martínez habló ante el tribunal que conoce el caso del asesinato de la adolescente Emily Peguero. La imputada, acusada de complicidad y encubrimiento, afirmó que no entregó de inmediato a su hijo Marlon porque no tuvo fuerzas ni claridad sobre lo ocurrido. Durante su intervención pidió comprensión a la jueza, alegando que ninguna madre está preparada para enfrentar una situación semejante. Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas dentro y fuera de la sala, al tratarse de uno de los procesos judiciales más sensibles seguidos por la sociedad dominicana.
Las palabras de Martínez contrastaron con el profundo reclamo de la familia de la víctima, que insiste en que el deber moral y legal era entregar al responsable desde el primer momento. Para los parientes de Emily, el encubrimiento prolongó el sufrimiento y agravó el daño causado, al ocultarse información clave sobre el paradero del cuerpo. El Ministerio Público sostiene que existen pruebas suficientes que vinculan a la imputada con la manipulación de la escena y el ocultamiento del cadáver, elementos que fundamentan su permanencia en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
El caso ha vuelto a encender el debate sobre responsabilidad parental, justicia y desigualdad social. Diversos sectores consideran que este crimen refleja fallas estructurales del sistema, donde el poder económico o político puede generar percepciones de impunidad. A casi tres años de los hechos, la familia de Emily mantiene la exigencia de una condena ejemplar que siente precedente y devuelva credibilidad a la justicia dominicana. La próxima revisión de medidas será observada con atención nacional, en un proceso que continúa simbolizando el clamor colectivo contra la violencia y el encubrimiento.
