El proceso judicial contra Salvador Jorge Blanco marcó un antes y un después en la historia política y judicial de la República Dominicana. Fue el último caso en el que un expresidente fue formalmente sometido, procesado y condenado por la justicia ordinaria. Tras concluir su mandato en 1986, se presentó una acusación por malversación de fondos que involucraba a compras irregulares realizadas a través de las Fuerzas Armadas. La querella, interpuesta por Marino Vinicio Castillo, señalaba el uso de empresas vinculadas a allegados del poder para operaciones millonarias con sobrevaluaciones.
El contexto político del juicio estuvo profundamente marcado por tensiones entre líderes históricos. Diversos sectores interpretaron el sometimiento como una persecución impulsada por el entonces presidente Joaquín Balaguer, quien había retornado al poder. Aunque Jorge Blanco negó los cargos y alegó motivaciones políticas, en abril de 1987 fue arrestado y enviado a prisión preventiva. Problemas de salud derivaron en su traslado a una clínica y posteriormente a Atlanta, donde en 1988 fue condenado en ausencia a veinte años de prisión y al pago de cuantiosas indemnizaciones al Estado dominicano.
El caso se extendió durante más de una década y fue seguido ampliamente por la opinión pública. Tras apelar la sentencia, Jorge Blanco logró su anulación en 1989, pero en 1991 fue nuevamente condenado, aunque cumplió solo dos meses de cárcel antes de obtener libertad condicional. Finalmente, en 2001, la sentencia fue anulada de manera definitiva y, durante el gobierno de Hipólito Mejía, el Estado retiró las acusaciones. A pesar de su desenlace, el juicio dejó una huella profunda en la memoria colectiva y reabrió el debate sobre la rendición de cuentas de los más altos funcionarios, un tema que sigue pendiente en la vida institucional del país.
