Las informaciones reveladas por la Junta Central Electoral sobre la adquisición de equipos tecnológicos para las elecciones pasadas han reavivado un debate profundo sobre transparencia, responsabilidad y uso de fondos públicos en la República Dominicana. Un informe técnico del actual Departamento de Cómputos determinó que los dispositivos adquiridos durante la gestión anterior no podrán utilizarse en el proceso electoral de 2020, debido a fallas estructurales y operativas. El documento detalla que en un porcentaje significativo de colegios electorales los equipos no funcionaron correctamente el 15 de mayo, obligando a recurrir al conteo manual y generando uno de los episodios más caóticos del sistema electoral reciente.
Uno de los hallazgos más sensibles del informe señala que los datos escaneados de las boletas llegaban primero a la empresa Indra, antes que a la propia Junta Central Electoral, lo que representa una grave vulneración a los principios de soberanía y custodia de la información electoral. La licitación que permitió esa contratación fue impugnada en su momento por diversos sectores y hoy vuelve al centro del debate, especialmente por el gasto estimado de 39.7 millones de dólares ya pagados, más compromisos pendientes. En este contexto, el ex presidente del organismo, Roberto Rosario, emitió un comunicado anunciando que hablará “en su momento oportuno”, declaración que ha sido cuestionada por amplios sectores sociales y cívicos.
El caso ha sido asumido como un asunto de Estado, no solo por el monto involucrado, sino por las implicaciones institucionales. Organizaciones como Participación Ciudadana habían advertido irregularidades desde el proceso electoral, hoy respaldadas por evidencia oficial. A esto se suma el alto costo de almacenaje de los equipos inservibles, estimado en 20 millones de pesos mensuales. En paralelo, otros conflictos como el arbitraje internacional por Punta Catalina con Odebrecht refuerzan la percepción de un patrón de ineficiencia y falta de rendición de cuentas. El debate público insiste en que el Ministerio Público debe actuar con firmeza, investigar y establecer responsabilidades, como condición indispensable para restaurar la confianza ciudadana y frenar la impunidad.
