La reciente visita del líder religioso TB Joshua a la República Dominicana generó un amplio debate público, luego de que distintos medios y programas de opinión analizaran el respaldo institucional recibido durante su estadía. En comentarios difundidos en televisión, se recordó que el predicador no participó en el Estadio Olímpico como figura política, pero sí fue protagonista de un evento masivo marcado por euforia, manifestaciones de fe y una intensa movilización de seguidores. Crónicas periodísticas reseñaron la recolección de ofrendas económicas, algunas en moneda extranjera, presentadas como actos de sacrificio espiritual.
Uno de los puntos más cuestionados fue el apoyo logístico ofrecido por el Estado, incluyendo transporte gratuito y recepción por parte de autoridades militares. También se señaló que el líder religioso recibió reconocimientos del Senado y la Cámara de Diputados, un trato que, según analistas, no ha sido otorgado ni siquiera a figuras religiosas de alcance mundial. Para sectores críticos, este nivel de validación oficial colocó al predicador en una posición simbólica comparable a la de un jefe de Estado, generando inquietud sobre la separación entre fe, política y gestión pública.
Durante el análisis, se aclaró que el cuestionamiento no se dirige contra la creencia religiosa, sino contra el uso del aparato estatal para respaldar espectáculos de carácter espiritual. Comunicadores insistieron en que la fe no debe sustituir la medicina, recordando que incluso figuras públicas que han enfrentado enfermedades graves recurrieron a tratamientos médicos especializados. A juicio de los comentaristas, el evento también funcionó como un elemento de distracción nacional, al concentrar la atención mediática durante varios días. La discusión dejó en evidencia una preocupación social más amplia: el riesgo de que la institucionalidad se diluya cuando el poder político legitima prácticas que, aunque populares, carecen de fundamento científico y generan profundas divisiones en la opinión pública.
