En la República Dominicana, la cremación de cadáveres se consolida como una alternativa elegida por familias que priorizan costos, practicidad y planificación a largo plazo. Introducida formalmente en 2005 con la instalación de los primeros hornos crematorios, esta opción transforma el cuerpo en cenizas mediante temperaturas superiores a los 1,800 grados Celsius, con un proceso que dura entre dos y tres horas. Aunque aún persisten dudas sobre su funcionamiento, la cremación está regulada por la Ley 42-01 del Ministerio de Salud Pública y produce entre cinco y siete libras de cenizas, entregadas a los familiares tras completar los requisitos establecidos.
El procedimiento exige controles estrictos. Todo cuerpo debe ser remitido previamente al Instituto Nacional de Patología Forense para autopsia y validación de causa de muerte. Además, se requiere autorización escrita de familiares directos y documentación completa antes de iniciar el proceso. Una vez autorizado, el cuerpo es identificado visualmente, si la familia lo solicita, y trasladado a la cámara de cremación cuando el horno alcanza cerca de 1,850 grados. En el país operan cuatro funerarias con hornos: Blandino, Jerusalén, Jardín Memorial y Parque del Prado, lo que refleja una oferta aún limitada pero en crecimiento sostenido.
En términos económicos, la cremación puede parecer más costosa en el corto plazo, con precios que oscilan entre 50,000 y 75,000 pesos, pero resulta más conveniente a largo plazo. Al eliminar gastos recurrentes asociados a servicios tradicionales —cementerio, lápida, mantenimiento, flores y rituales— muchas familias reducen costos futuros. Algunas funerarias incluso ofrecen alquiler de capillas y ataúdes reutilizables para cremación. Este conjunto de factores explica por qué cada vez más dominicanos optan por esta modalidad, especialmente al evaluar el impacto financiero total del proceso funerario. La tendencia continúa impulsada por urbanización, cambios movilidad familiar y limitaciones de espacios funerarios.
