El comunicador Juan La Mur expresó fuertes cuestionamientos ante el anuncio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se presentará en la República Dominicana para solicitar protección a inmigrantes haitianos en condición irregular. Sus declaraciones surgieron tras la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal para Haití, otorgando un plazo de 18 meses a 58,706 ciudadanos haitianos para regresar a su país o buscar alternativas migratorias. Para La Mur, este contexto evidencia una contradicción en el discurso internacional sobre derechos humanos y soberanía estatal.
Durante su intervención, el comunicador señaló que Estados Unidos aplica sus leyes migratorias con rigor, considerándolas un asunto federal incuestionable, mientras —según su postura— se pretende exigir a la República Dominicana una flexibilidad que no se demanda a otras naciones. En ese sentido, defendió la aplicación de la Ley 285-04 de Migración, argumentando que el Estado dominicano tiene la obligación constitucional de priorizar el control fronterizo, la seguridad nacional y el respeto a su marco jurídico. Afirmó que, desde su perspectiva, los organismos internacionales minimizan estas responsabilidades legales.
La Mur advirtió que la presión migratoria haitiana representa un desafío estructural que, de no abordarse con políticas firmes y coordinadas, continuará generando tensiones sociales, económicas y políticas. Criticó además la falta de corresponsabilidad regional y sostuvo que el problema no puede recaer de forma exclusiva sobre la República Dominicana. El planteamiento reavivó el debate público sobre soberanía, cooperación internacional y el manejo sostenible de la migración, un tema que continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional.
