La detención de Edwin Alberto Díaz, conocido como “El Chungo”, en Moca, reactivó el debate sobre los procedimientos de búsqueda y captura en casos criminales de alto impacto. El joven fue arrestado tras un allanamiento encabezado por el Ministerio Público en la residencia donde, según informaciones oficiales, se encontraba al momento del operativo. Las autoridades indicaron que Díaz era requerido por su presunta vinculación con varios homicidios, motivo por el cual fue trasladado bajo custodia para los fines legales correspondientes.
Sin embargo, versiones recogidas en la comunidad cuestionan la narrativa de que el acusado estuviera prófugo. Residentes locales aseguran que su paradero era ampliamente conocido, así como los lugares donde vivía y trabajaba, lo que ha generado interrogantes sobre la efectividad real de las labores de búsqueda previas. Este contraste entre el discurso oficial y la percepción ciudadana recuerda otros casos similares, en los que supuestos prófugos eran ubicables con facilidad, lo que alimenta la desconfianza pública respecto a los tiempos y métodos de actuación policial.
El operativo culminó con el traslado de Díaz a un destacamento de la Policía Nacional Dominicana, mientras la Ministerio Público anunció que sería presentado ante un juez para el conocimiento de medidas de coerción. En esta etapa, corresponderá a los tribunales evaluar las pruebas y determinar el curso del proceso judicial. Más allá del caso puntual, el arresto de “El Chungo” vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mayor transparencia institucional y coherencia entre las acciones de las autoridades y la información que maneja la ciudadanía, especialmente en investigaciones de delitos graves que afectan directamente la seguridad y la confianza social.
