El comunicador Álvaro Arvelo intervino este jueves en el espacio radial El Gobierno de la Mañana, donde expresó fuertes críticas al aumento presupuestario destinado a organizaciones no gubernamentales. Durante su comentario, cuestionó la asignación de mil ochocientos millones de pesos adicionales, afirmando que muchas de esas entidades no responden al interés nacional. Según sostuvo, una parte significativa de las ONG carece de controles efectivos y, en su opinión, actúa de manera contraria a los valores institucionales del país.
Arvelo planteó la necesidad de una depuración profunda, señalando que solo un grupo reducido cumple funciones sociales reales. Indicó que el Estado debería concentrar los recursos en aquellas instituciones que demuestren transparencia, resultados verificables y aportes concretos a la sociedad dominicana. También rechazó que el país sirva como sede de encuentros internacionales que, a su juicio, puedan afectar la imagen soberana o generar presiones externas.
El comunicador vinculó el debate con la situación migratoria y el contexto regional, defendiendo una postura firme del Estado dominicano. Recordó episodios de cooperación humanitaria ofrecida históricamente a Haití y sostuvo que dicha solidaridad no debe interpretarse como renuncia a la autodeterminación. Sus declaraciones generaron amplio debate público, reacciones encontradas y renovaron la discusión sobre financiamiento estatal, prioridades nacionales y supervisión institucional, en un momento marcado por desafíos en salud, servicios públicos y confianza ciudadana. Analistas consideran que el planteamiento refleja una preocupación recurrente en sectores sociales que exigen mayor fiscalización. El tema continuará en agenda mientras autoridades evalúan presupuestos, mecanismos de control y criterios de asignación, bajo la atención constante de la opinión pública y los organismos reguladores. El intercambio mediático evidencia la sensibilidad del asunto y la necesidad de decisiones equilibradas que combinen cooperación internacional, defensa institucional y uso responsable de los fondos públicos en beneficio directo de la población y la estabilidad democrática nacional.
