La suspensión impuesta al comunicador Álvaro Arvelo hijo por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía continúa generando reacciones encontradas en la opinión pública. Diversos sectores han cuestionado la medida, calificándola como un acto de doble moral por parte de las autoridades reguladoras, al considerar que no se aplica el mismo criterio cuando se trata de figuras de otros ámbitos del entretenimiento.
Durante comentarios en medios y espacios de análisis, se recordó que en situaciones similares, especialmente vinculadas a artistas urbanos, las sanciones han sido más severas, incluyendo procesos judiciales o castigos ejemplarizantes. Estas comparaciones han reavivado el debate sobre la equidad en la aplicación de las normas y el rol real de la Comisión como ente regulador del discurso público.
La controversia tomó un nuevo giro luego de que el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Manuel Zurún Hernández, anunciara la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Según explicó, la sanción de veinte días fuera del aire vulneraría derechos fundamentales consagrados en la Constitución, particularmente el principio de libertad de expresión. El jurista sostuvo que ninguna autoridad administrativa puede imponer castigos que limiten ese derecho sin una decisión judicial previa.
