La ejecución a tiros de un abogado en República Dominicana ha provocado una fuerte conmoción nacional por la brutalidad del hecho y sus implicaciones políticas. El cuerpo de Yuniol Ramírez fue hallado atado a dos bloques de concreto y lanzado a un arroyo, un método que las propias autoridades compararon con prácticas históricas de la mafia para borrar rastros y enviar mensajes de terror. El crimen no solo evidenció un nivel extremo de violencia, sino que destapó un entramado que vincula corrupción estatal, extorsión y asesinato.
De acuerdo con el Ministerio Público, Ramírez habría estado extorsionando a un alto funcionario de la ONSA, exigiendo dinero a cambio de no revelar presuntos actos de corrupción. Las investigaciones sostienen que, ante la presión, el funcionario habría ordenado su secuestro y posterior asesinato para silenciarlo de manera definitiva. La acusación describe una operación planificada, con traslado forzado, ejecución con armas de fuego y ocultamiento del cadáver, lo que refuerza la tesis de un crimen premeditado y organizado.
Por el caso permanecen detenidos Manuel Rivas y otros dos implicados, acusados formalmente de secuestro y asesinato. El proceso judicial se desarrolla bajo intensa vigilancia pública, en un país marcado por la desconfianza hacia el sistema de justicia y la percepción de impunidad en casos de alto perfil. Sectores sociales y organizaciones civiles han exigido que el expediente sea tratado con rigor y transparencia, advirtiendo que cualquier irregularidad profundizaría la crisis de credibilidad institucional. El asesinato de Ramírez se ha convertido así en un símbolo de la lucha entre corrupción, poder y justicia, y en una prueba decisiva para el Estado dominicano.
