El programa de televisión Los Opinadores volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras una transmisión marcada por intensas llamadas telefónicas y fuertes denuncias ciudadanas. Durante la emisión, los conductores abrieron las líneas para que la audiencia expresara sus inquietudes, permitiendo un intercambio directo con televidentes de distintas zonas del país, especialmente desde Santiago y Gurabo. El espacio mantuvo su formato de participación abierta, en el que las opiniones, críticas y reclamos sociales se convierten en el eje principal del contenido.
A lo largo del programa, varios ciudadanos manifestaron su inconformidad con la gestión pública, señalando presuntos casos de corrupción, aumento de la deuda externa y deficiencias en la ejecución del presupuesto participativo municipal. Algunos participantes cuestionaron la falta de obras comunitarias, el manejo de los recursos en los ayuntamientos y el nombramiento reiterado de funcionarios y allegados en instituciones del Estado. Las intervenciones reflejaron un clima de frustración acumulada, con discursos cargados de indignación y llamados a la rendición de cuentas.
El panel respondió defendiendo el derecho del público a expresarse, reiterando que el programa no censura opiniones ni condiciona las llamadas. Los conductores insistieron en que el rol del espacio es servir como plataforma de desahogo social y debate político, aun cuando las posturas resulten incómodas. Los Opinadores cerró el segmento reafirmando su compromiso con la libre expresión y el análisis ciudadano, consolidándose como un escenario donde la televisión actúa como puente entre la población y los temas que impactan directamente la vida nacional, en un contexto marcado por desconfianza institucional, reclamos sociales persistentes y una audiencia cada vez más activa en la fiscalización pública.
