Las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, reavivaron el debate nacional sobre las causas reales del alarmante número de feminicidios en República Dominicana. En una primera intervención, el funcionario señaló la falta de confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional Dominicana como un factor clave, al afirmar que muchas mujeres no denuncian por temor a ser expuestas por los propios agentes. Minutos después, al advertir el alcance político de sus palabras, rectificó públicamente y atribuyó los crímenes a la falta de educación de los agresores y a una cultura de control y dominio sobre la mujer.
Para Juan Lamur, la corrección no borra la verdad inicial. El analista sostiene que la desconfianza en las instituciones es una causa estructural del problema. Cientos de mujeres denuncian amenazas y agresiones sin recibir protección efectiva, lo que genera un clima de impunidad. El Estado, afirma, falla cuando minimiza las alertas tempranas y normaliza la violencia desde prácticas institucionales marcadas por el machismo. Las expresiones recurrentes de los agresores —“mía o de nadie”, “se lo buscó”— evidencian una mentalidad de propiedad que sigue socialmente tolerada.
Lamur identifica además otros factores agravantes: el consumo de alcohol y drogas, particularmente en regiones donde su uso ha aumentado, y una cultura que permite a los hombres ejercer violencia sin consecuencias inmediatas. Esa permisividad convierte la agresión en rutina y deja a las víctimas expuestas. Mujeres trabajadoras, madres y niñas continúan siendo asesinadas mientras la respuesta estatal se diluye entre excusas y protocolos. El llamado es directo: dejar de mirar hacia otro lado y asumir una política firme de prevención, protección y sanción. Sin instituciones confiables y decisiones contundentes, la violencia seguirá cobrándose vidas que el Estado está obligado a resguardar.
