El debate sobre el ánimo nacional reaparece con fuerza tras la divulgación de la más reciente encuesta Galo, que refleja percepciones económicas adversas y expectativas sociales deterioradas. Juan Lamur retoma una tesis clásica atribuida al médico y psiquiatra Antonio Sablul: el dominicano como sujeto inclinado al pesimismo y a la sospecha. La pregunta central no es menor: ¿se trata de un rasgo cultural persistente o de una respuesta racional ante condiciones objetivas que presionan el bienestar cotidiano? Para responder, conviene observar datos, contextos y tendencias sin caricaturas ni consignas que integren evidencia histórica, comparaciones regionales y responsabilidad institucional sostenida pública.

Los números son elocuentes y sostienen el clima descrito. Tres cuartas partes califican la economía como muy mala, mientras una fracción mínima la evalúa positivamente. Más de la mitad percibe su situación personal en negativo y crece la convicción de que el país avanza por un rumbo equivocado. Además, una proporción relevante asume que la pobreza es un destino casi inescapable. Este conjunto de percepciones no surge en el vacío: inflación, servicios frágiles y desigualdades persistentes alimentan frustración y desconfianza. También inciden expectativas políticas incumplidas, empleo informal extendido, endeudamiento doméstico creciente y narrativas públicas que magnifican el desencanto colectivo persistente.

Sin embargo, reducir el diagnóstico a una esencia inmutable sería un error. El pesimismo puede funcionar como alerta, no como condena. La historia local muestra resiliencia, trabajo y vocación libertaria capaces de revertir ciclos adversos cuando existen reglas claras y liderazgo creíble. La salida exige orden, disciplina y políticas que reconstruyan confianza: crecimiento inclusivo, servicios eficientes y comunicación honesta. Convertir la crítica en proyecto común es la tarea. De lo contrario, la sombra se vuelve profecía autocumplida y erosiona posibilidades reales de progreso con participación ciudadana, evaluación continua, metas verificables y un relato nacional orientado a soluciones compartidas sostenibles medibles responsables.