Los resultados de una reciente encuesta reflejan una percepción transversal de impunidad en la sociedad dominicana. El 68 % de los consultados cree que no habrá sanciones por el caso Odebrecht, una cifra que aumenta al segmentarse por afinidad política: 77 % entre simpatizantes del PRM, 72 % entre independientes y 60 % entre seguidores del PLD. El dato más relevante emerge por edad: los jóvenes de 18 a 24 años concentran el mayor apoyo al movimiento verde, confirmando una conciencia cívica creciente. El consenso social es claro: no hay presos y la impunidad permanece intacta, lo que incrementa la desconfianza institucional y explica la sensibilidad pública ante procesos judiciales complejos.
Ese clima se agudiza con el manejo comunicacional del caso ONSA y el asesinato de Junior Ramírez. La lectura pública de un comunicado oficial generó fuertes cuestionamientos, al sugerir que dos subalternos “habrían decidido” cometer el crimen y dejar en duda la responsabilidad del entonces director Manuel Rivas. La fiscal de la provincia de Santo Domingo fue criticada por leer ese texto; sin embargo, se aclaró que las frases polémicas provenían de la Procuraduría General de la República. Aun así, el error por omisión tuvo impacto: una fiscal investigadora no debe leer un comunicado con el que no esté plenamente de acuerdo.
El episodio expone un problema estructural entre investigación y comunicación institucional. La magistrada Olga Dinaila Berías, fiscal de carrera, quedó en una posición delicada al asumir un mensaje que no reflejaba necesariamente el curso real de la pesquisa. La lección es directa: ningún comunicado debe difundirse sin validación expresa del responsable de la investigación. En casos de alta sensibilidad, la coherencia entre lo jurídico y lo comunicacional es indispensable para preservar credibilidad, evitar sospechas y sostener la confianza pública en el Ministerio Público.
