El exdirector de la ONZA, Manuel Rivas, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la Fiscalía del municipio de Santo Domingo Oeste, junto a otros dos imputados vinculados al asesinato del joven Junior. El traslado se produjo luego de que las autoridades confirmaran avances en la investigación, mientras la opinión pública sigue con atención cada paso del proceso judicial. Durante el desplazamiento, se escucharon cuestionamientos directos sobre la presunta autoría intelectual del crimen y la posible participación de empleados que habrían actuado, según la defensa, por iniciativa propia.
La interrogante central gira en torno a si Rivas ordenó el homicidio o si los involucrados actuaron sin su consentimiento. Esta línea de defensa ha sido reiterada por sus representantes legales, quienes insisten en que no existen pruebas concluyentes que demuestren una instrucción directa. No obstante, el Ministerio Público sostiene que hay indicios suficientes para vincular al exfuncionario con los hechos, basados en testimonios, registros de comunicación y la relación jerárquica con los demás acusados. El caso ha generado un intenso debate social, debido al perfil público del imputado y a la gravedad del delito que se le atribuye.
El asesinato de Junior conmocionó profundamente a la sociedad dominicana y reavivó discusiones sobre abuso de poder, impunidad y responsabilidad institucional. Organizaciones civiles y familiares de la víctima han exigido justicia y un proceso transparente, sin privilegios para los implicados. La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias correspondientes y que solicitará las medidas de coerción que considere pertinentes. Mientras tanto, el país observa con expectativa el desarrollo del caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia y la corrupción dentro de las estructuras estatales, marcando un precedente clave para la credibilidad del sistema judicial nacional.
