Las nuevas revelaciones en torno al caso Quirinito continúan generando preocupación pública y serias dudas sobre los procedimientos institucionales. En el programa Enfoque Matinal se analizó el rol del médico legista que certificó la muerte del recluso, aclarando que, aunque confirmó la existencia de un cadáver, no pudo establecer de manera directa que dicho cuerpo correspondiera específicamente a Quirinito. Esta diferencia, aunque técnica, resulta crucial dentro del proceso legal y ha abierto un debate profundo sobre la validez del acta de defunción.
De acuerdo con lo explicado, el legista sostuvo que el cuerpo presentado estaba muerto, pero que su certificación no implicaba una identificación plena del individuo. Su conocimiento previo del caso, debido a la homologación de documentos médicos relacionados con un supuesto cáncer, le permitió vincular el expediente clínico, pero no afirmar con certeza la identidad del cadáver. A diferencia del oficial civil, quien no requiere la presencia física del cuerpo para emitir un acta, el médico sí debía examinar un cadáver. Sin embargo, ese cadáver fue tratado como genérico, sin pruebas científicas concluyentes que confirmaran que se trataba del condenado.
Este escenario ha puesto en evidencia una cadena de irregularidades que refuerzan la tesis de un entramado institucional frágil. El propio médico reconoció sentirse atrapado dentro de una estructura mayor, describiendo el proceso como un “boyo” del cual él sería el eslabón más débil. Su actitud, percibida como nerviosa y contradictoria, incrementó la desconfianza ciudadana. El caso Quirinito, lejos de cerrarse, continúa revelando fallas graves en los controles forenses, judiciales y administrativos, planteando una interrogante central para el país: ¿cómo puede certificarse una muerte sin confirmar plenamente la identidad del fallecido?
