El caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, conocido como “Quirinito”, continúa generando interrogantes tras revelarse que el hombre habría gestionado la obtención de una nueva cédula apenas días antes de ser declarado muerto. La situación ha provocado un profundo debate nacional, luego de que las autoridades confirmaran que Interpol lo busca actualmente entre los vivos, pese a que su fallecimiento fue certificado oficialmente. El hecho ha vuelto a colocar bajo escrutinio los procedimientos legales, médicos y penitenciarios del país.
La Procuraduría General de la República informó que fueron aplazados para este martes los interrogatorios al médico legista que avaló la muerte de Castillo Paniagua. Según las investigaciones preliminares, varios de los actores involucrados en el proceso alegan desconocer el historial criminal del implicado, a pesar de tratarse de uno de los casos de mayor cobertura mediática de los últimos años. Esta versión ha sido recibida con escepticismo por parte de la opinión pública, que cuestiona cómo un individuo con amplio prontuario pudo evadir los controles institucionales.
A la controversia se sumaron declaraciones del oncólogo César Augusto Núñez Rojas, quien sostuvo que el caso no debe centrarse únicamente en la búsqueda de culpables individuales, sino en las debilidades estructurales del modelo penitenciario. El especialista explicó que, desde el punto de vista médico, en el tratamiento del paciente se agotaron los procedimientos correspondientes a una persona diagnosticada con cáncer, motivo por el cual asistió a su consulta. Tanto Núñez Rojas como otros oncólogos vinculados indirectamente al expediente, entre ellos Franco Macorizano y el doctor Garabot, se desligaron de cualquier participación en la trama que permitió la evasión. El caso Quirinito sigue revelando vacíos graves en los sistemas de control del Estado, mientras las autoridades intensifican las pesquisas para esclarecer cómo un hombre declarado muerto logró desaparecer oficialmente.
