Una fuente de entero crédito informó a ANCD que Heidi Carolina Peña, esposa de Artemio Contreras González, fue cancelada de su empleo en una entidad bancaria “bajo reservas”. Contreras González ha sido señalado por las autoridades como el presunto brazo ejecutor en el rapto y asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, un caso que continúa bajo intenso escrutinio público. La información ha generado inquietud por el momento en que se produce la desvinculación laboral y por la ausencia de explicaciones oficiales.
Peña se desempeñaba como gestora de negocios en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial del Gran Santo Domingo. Según la fuente consultada, la cancelación se realizó sin declaraciones públicas por parte de la entidad financiera, amparándose en protocolos internos de confidencialidad. Aunque no existe imputación formal en su contra, el despido ha sido interpretado por sectores de la opinión pública como una medida preventiva para proteger la imagen institucional del banco, en un contexto de alta sensibilidad mediática y judicial.
El hecho reabre el debate sobre los límites entre la responsabilidad penal individual y las consecuencias colaterales que enfrentan familiares de personas acusadas en procesos criminales de alto perfil. Especialistas advierten que, si bien las empresas privadas tienen autonomía para tomar decisiones administrativas, estas deben evitar interpretaciones que sugieran culpabilidad por asociación. En un clima marcado por la desconfianza y la percepción de impunidad, cada acción vinculada al caso Ramírez adquiere una carga simbólica mayor, reforzando la necesidad de transparencia, prudencia comunicacional y respeto al debido proceso.
