La República Dominicana atraviesa un momento de profundo dolor colectivo tras una cadena de crímenes que ha conmocionado a la sociedad y desplazado cualquier ánimo de entretenimiento. El caso de Emely Peguero marcó un punto de quiebre: tras más de una semana desaparecida, la adolescente fue hallada sin vida en una maleta en Cayetano Germosén, provincia Espaillat. Los hallazgos preliminares de la necropsia apuntan a signos de violencia extrema, incluyendo perforación uterina y lesiones compatibles con un intento fallido de aborto, además de traumatismos craneales. La magnitud del hecho y su difusión en redes sociales han intensificado la indignación pública y la exigencia de justicia.
En el curso de la búsqueda de Emely, emergieron otros casos que agravaron la sensación de descomposición social. Se reportó el asesinato de Dioskairy Gómez, de 17 años, encontrada calcinada en Cevicos, Cotuí, y posteriormente el de Rosalinda Jean Pérez, también menor, enterrada en una construcción en Higüey. A estos se suman denuncias de desapariciones recientes en Moca y otros puntos del país. La concatenación de hechos ha encendido las alarmas sobre la seguridad de niñas y adolescentes, así como sobre posibles complicidades y fallas estructurales en los sistemas de prevención e investigación.
El impacto institucional no se hizo esperar. Marlin Martínez, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, fue suspendida de manera indefinida, mientras la Procuraduría General de la República anunció una comisión especial para el caso. La discusión pública ha puesto el foco en la responsabilidad familiar, la actuación de las autoridades y el rol de los medios y las redes sociales, cuestionados por la difusión de imágenes sensibles. En un país declarado de luto en comunidades como Salcedo, el clamor es unánime: verdad, sanción ejemplar y medidas urgentes para proteger a la niñez y recuperar la confianza social.
