La controversia sobre los tratamientos con células madre vuelve al centro del debate público tras una nota aclaratoria publicada por la empresa TRESMED en medios nacionales. En el comunicado, difundido el lunes pasado, la compañía afirma que el Ministerio de Salud Pública conoce y ha autorizado su cartera de servicios desde 2011, incluyendo procedimientos regenerativos. Sin embargo, uno de los puntos del documento generó dudas sustanciales, ya que menciona supuestas habilitaciones otorgadas en junio de 2016 que no figuran en expedientes oficiales previamente solicitados mediante libre acceso a la información pública, lo que motivó una nueva consulta formal a las autoridades sanitarias correspondientes para verificar la veracidad de dichas afirmaciones.
La respuesta oficial del Ministerio de Salud Pública fue clara y contundente. Según el documento firmado por el director de Habilitaciones y Acreditaciones, TRESMED únicamente está autorizada para consulta dermatológica, cirugía dermatológica, cosmiatría y spa, con vigencia desde 2016 hasta septiembre de 2020. Cualquier otro servicio ofrecido fuera de ese marco se realiza, textualmente, “al margen de lo autorizado”. Esta aclaración contradice la percepción que podría generar la publicidad del centro, donde se promocionan tratamientos con células madre para múltiples enfermedades graves y procedimientos estéticos, sin que exista respaldo regulatorio que avale dichas prácticas en el país.
Paralelamente, la Sociedad Dominicana de Medicina Estética expresó su preocupación por el creciente intrusismo profesional en esta área. Durante una rueda de prensa, con la participación del abogado español Jesús García Corcovado, se explicó que en Europa las terapias celulares y el plasma rico en plaquetas están estrictamente regulados como medicamentos biológicos. Su aplicación se limita a entornos hospitalarios y a patologías muy específicas. La experiencia internacional advierte sobre riesgos reales para los pacientes, incluyendo casos documentados de daños severos. Por ello, especialistas insisten en la urgencia de una regulación estricta que proteja a la población frente a ofertas médicas sin evidencia científica comprobada.
