Un nuevo señalamiento vuelve a estremecer el caso de Marlín Martínez, al surgir denuncias de que habría pagado a periodistas para ocultar información clave sobre la desaparición y muerte de la adolescente Emely Peguero. La versión fue expuesta en medios radiales y digitales, citando a comunicadores de San Francisco de Macorís, quienes aseguraron que el Ministerio Público habría iniciado indagatorias sobre reporteros presuntamente sobornados para silenciar a la familia de la víctima y desviar la narrativa pública del crimen.
Las acusaciones apuntan a que, aprovechando su poder político y social en la comunidad, Marlín Martínez habría intentado imponer la versión de que Emely fue dejada con vida y desapareció por su cuenta. Según se ha denunciado, el objetivo era neutralizar informaciones que señalaban directamente a la familia Martínez como responsable del crimen. Estas revelaciones retoman fuerza tras un reportaje de Nuria Piera, que documenta maniobras de encubrimiento, influencias y acciones orientadas a retrasar la reacción de las autoridades, hasta que la presión ciudadana obligó a actuar.
No obstante, el fiscal titular de la demarcación negó públicamente haber confirmado una investigación formal contra comunicadores, lo que abrió un nuevo debate sobre transparencia institucional. Desde la Procuraduría General de la República se solicitó aclarar el origen de la información difundida, sin responder de fondo si existió o no pago a miembros de la prensa. Para amplios sectores de la sociedad, la discusión no radica solo en si el fiscal habló o se retractó, sino en la gravedad ética y penal de que periodistas hayan podido recibir dinero para callar un crimen. El caso revive la indignación nacional y plantea un cuestionamiento profundo al ejercicio del periodismo, la complicidad silenciosa y la urgencia de sanciones ejemplares cuando la corrupción mediática se cruza con la muerte de una menor.
