El país amaneció nuevamente conmocionado por el caso de Emely Peguero, sumado al hallazgo de otras dos jóvenes asesinadas en distintos puntos del territorio nacional. La atención pública se concentró este martes en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde se presentó Marlin Martínez, madre del principal imputado, para el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. Desde tempranas horas, decenas de personas se congregaron en las inmediaciones exigiendo justicia, reflejando la indignación colectiva frente a hechos que han golpeado profundamente la sensibilidad social dominicana y generando temor, rabia y reclamos ciudadanos generalizados.

La tensión aumentó con la llegada de la imputada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras en el exterior se produjeron protestas violentas. Manifestantes incendiaron neumáticos, lanzaron consignas contra la impunidad y obligaron a las autoridades a utilizar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Testigos describieron el entorno como un escenario de guerra urbana, con detonaciones constantes desde horas de la tarde. Paralelamente, en el interior del recinto judicial se desarrollaba la audiencia, en medio de un ambiente cargado de presión social y expectativas públicas, ante un país expectante y profundamente indignado por la magnitud del crimen investigado oficialmente.

Según informaciones ofrecidas por el Ministerio Público, la acusada habría colaborado tras conocer el homicidio, ocurrido alrededor del mediodía, y participado en acciones posteriores para ocultar el cadáver. El proceso judicial continúa mientras la sociedad exige respuestas firmes y sanciones ejemplares. Casos recientes y este en particular han reavivado el debate sobre violencia, impunidad y responsabilidad penal. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de garantizar un proceso transparente, proteger el orden público y responder al clamor ciudadano que demanda justicia sin privilegios en un contexto nacional marcado por dolor colectivo persistente y exigencias sociales cada vez más contundentes ante autoridades.