Las reacciones ante la decisión del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia de variar la prisión preventiva a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón evidenciaron una profunda división entre juristas y actores sociales. Ambos imputados por el caso Odebrecht recuperaron su libertad bajo garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, lo que reactivó el debate sobre la coherencia del sistema de coerción y la señal que envía el Poder Judicial en materia de corrupción.
Desde la Convergencia Nacional de Abogados, la decisión del magistrado Francisco Ortega Polanco fue calificada como un revés al combate anticorrupción. Voces críticas sostienen que no se verificó una variación real de los presupuestos que justificaron la prisión preventiva, y que liberar a dos figuras consideradas emblemáticas del entramado debilita la credibilidad del proceso. Para estos sectores, la medida equivale a una “sepultura” del caso, al erosionar la percepción de consecuencias efectivas para los principales imputados.
En contraste, otros juristas, como René del Rosario, afirman que la variación no implica el colapso del expediente. Argumentan que el juez procuró igualdad de trato respecto a otros imputados y que el proceso debe avanzar con mayor énfasis probatorio del Ministerio Público. En esa línea, la expectativa se centra en robustecer la acusación y llevar el caso a juicio de fondo. Ortega Polanco impuso garantías de 50 y 70 millones de pesos, respectivamente, además de controles judiciales. La discusión, más allá de posturas, subraya una exigencia compartida: resultados verificables que refuercen la transparencia y restituyan la confianza pública.
