Durante el programa El Día, el periodista Huchi Lora analizó de manera crítica el informe presentado sobre la licitación y construcción de Punta Catalina. Lora subrayó que la expresión utilizada por la comisión —“mayormente conforme a la ley”— implica, inevitablemente, que una parte del proceso no cumplió con las normas. Para el comunicador, una obra del Estado que involucra miles de millones debe ser “absolutamente conforme a la ley”, dejando claro que cualquier desviación, por mínima que sea, compromete la transparencia del proceso. Señaló también que la comisión afirma no haber encontrado pruebas de manipulación, pero advirtió que “no disponer de pruebas” no equivale a que no haya ocurrido irregularidad alguna.
El periodista cuestionó la limitada capacidad investigativa de la comisión y recordó que la responsabilidad real de encontrar pruebas recae en el Ministerio Público, instancia que —según dijo— no ha demostrado voluntad suficiente para investigar a profundidad. Lora destacó que el propio informe admite la existencia de “condicionantes que privaron al país de obtener un mejor resultado”, lo que evidencia un proceso imperfecto. Asimismo, calificó como inconcebible que una obra de esa magnitud se ejecutara en terrenos privados ajenos al Estado, planteando que el gobierno debería explicar por qué se construyó sobre una propiedad que tuvo que ser arrendada a la familia dueña, en lugar de utilizar terrenos estatales disponibles.
Huchi Lora aprovechó el análisis para cuestionar también la reciente denuncia relacionada con la venta del Hotel Bahoruco a un ministro, catalogándola como una práctica incompatible con la ética pública y prohibida por convenciones internacionales anticorrupción. Sobre el caso Punta Catalina, advirtió que la composición del comité de licitación —integrado mayoritariamente por funcionarios del mismo gobierno— genera un conflicto de interés evidente, más aún cuando dos miembros clave, Ramón Flores e Isidoro Santana, se negaron a firmar la decisión final. También recordó que FTI Consulting, firma contratada para evaluar el proyecto, mantuvo relaciones laborales previas con Odebrecht, lo que, en sus palabras, deja dudas sobre la independencia del análisis presentado.
