La falta de seguridad jurídica y la discontinuidad administrativa han colocado en conflicto a varias empresas extranjeras que, desde hace cinco años, esperan la ejecución de un contrato de arrendamiento de 150 autobuses firmado con la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Las primeras unidades, importadas desde China por la compañía Excel Credit tras ganar la licitación en 2012, permanecen deteriorándose en un solar vacío, sin uso ni mantenimiento, pese a que el acuerdo establecía su incorporación inmediata a la flotilla pública.
Los inversionistas, entre ellos los empresarios Martín Samburek y José María Rodríguez Llanesa, aseguran que la OMSA dejó de ejecutar la licitación luego de probar dos unidades y detectar diferencias entre el conteo electrónico de pasajeros y los reportes internos de la institución. Según afirman, esas discrepancias generaron resistencia interna, retrasos injustificados y una paralización total del proceso, obligándolos a financiar autobuses construidos especialmente para República Dominicana sin recibir compensación alguna. Las pérdidas estimadas superan los cuatro millones de dólares.
A pesar de múltiples reuniones con la administración actual y de acudir al Tribunal Superior Administrativo —cuyo fallo reciente fue desfavorable para los demandantes—, las empresas han notificado al presidente Danilo Medina que recurrirán a un tribunal internacional por presuntas violaciones al acuerdo de protección de inversiones entre República Dominicana y España. La OMSA, por su parte, sostiene que el contrato es inejecutable por errores graves y costos que, según la nueva gestión, representarían más de mil millones de pesos en perjuicio del Estado.
