En esta entrega se exponen los señalamientos del Ministerio Público sobre el presunto enriquecimiento ilícito de varios imputados en el caso Odebrecht. Según las investigaciones, los acusados habrían acumulado patrimonios millonarios mediante sobornos y maniobras de ocultamiento. En el caso de Roberto Rodríguez, su declaración jurada del año 2000 reflejaba un patrimonio de 18.7 millones de pesos, pero en años posteriores se identificaron depósitos bancarios por 100 millones y un aumento desproporcionado en inmuebles, pasando de 7.9 millones en 2002 a 65 millones en 2016, sin ser reportados oficialmente.
El Ministerio Público también señala irregularidades en el patrimonio del imputado César Sánchez, quien fue administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad desde el año 2000. Sus declaraciones juradas evidencian la adquisición de propiedades muy por encima de su salario, duplicando su inventario inmobiliario entre 2000 y 2004. Los fiscales sostienen que estas variaciones no se corresponden con ingresos legales, por lo que constituyen indicios de enriquecimiento ilícito.
En el caso del exsenador Andrés Bautista García, la acusación indica que no presentó declaraciones juradas en tres periodos consecutivos y que reportó información falsa al afirmar que su actividad legislativa inició en 2002, cuando ocupaba el cargo desde 1994. Durante su permanencia en el Senado, adquirió 16 inmuebles valorados en más de 43 millones de pesos, coincidiendo con los años de aprobación de varias obras contratadas con Odebrecht. Tras salir de la administración pública, habría comprado propiedades adicionales por más de 23 millones con fondos provenientes de sobornos, según la acusación.
