El reciente apresamiento de Rudy González y otros implicados en el caso Odebrecht ha generado sorpresa entre sectores que esperaban cierto nivel de protección política, especialmente hacia actores cercanos al gobierno y a figuras claves de los ministerios. La detención de funcionarios y legisladores del oficialismo provocó un amplio revuelo público, en medio de lo que muchos describen como un “gobierno silente” y una ciudadanía expectante ante las próximas decisiones judiciales.
En la provincia de Azua, las reacciones han sido particularmente críticas. Líderes comunitarios consideran la captura de González como un hecho con matices positivos y negativos, calificándolo como el “gato silente” dentro de la trama de sobornos. Voceros locales señalan que históricamente “la soga rompe por lo más fino”, mientras los principales beneficiarios de las grandes transacciones, vinculados a figuras de alto nivel político, permanecen sin ser tocados. Algunos residentes alegan que el exdiputado nunca impulsó proyectos significativos para la provincia.
Juristas y representantes sociales en Azua afirman que la inocencia de González dependerá únicamente de sus hechos y no de figuras salvadoras. Insisten en que, si resulta culpable, debe enfrentar las consecuencias igual que cualquier otro involucrado, y si es inocente, debe ser liberado sin reservas. La población espera que todos los que hayan recibido sobornos sean sometidos a la justicia sin excepciones, como parte de la demanda de transparencia que continúa creciendo en la región.
