En el municipio de Peralta, provincia de Azua, la belleza natural y la abundancia productiva contrastan con una amenaza constante: el desbordamiento del río Cambio. Este afluente, que carece de un muro de contención adecuado, se convierte en un peligro inminente cada vez que llueve. Sus habitantes viven en zozobra, temerosos de que, con el aumento del caudal, las aguas invadan el poblado y lo borren del mapa. Escuelas, canchas y comunidades completas ya han sufrido daños severos. La escuela 19 de marzo, por ejemplo, perdió una parte de su estructura tras varias inundaciones.
Las voces comunitarias relatan que en 2013 se inició la construcción de un muro de protección, pero la obra fue abandonada sin explicación, pese a haberse invertido recursos y dejado deudas impagas con trabajadores locales. A ello se suma la inoperancia del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que ha evadido responder a las solicitudes de los habitantes. El puente El Cascajal, que conecta a Peralta con otras comunidades, también está al borde del colapso cada vez que llueve.
Este caso es un reflejo de las deudas pendientes en materia de prevención de desastres y protección de comunidades en zonas vulnerables. Los residentes exigen intervención urgente, no solo para proteger su infraestructura sino sus vidas. La historia de Peralta clama por atención antes de que la naturaleza —otra vez— termine lo que la negligencia ha dejado inconcluso.
