La alcaldía de Santiago descubrió un centro clandestino dedicado a almacenar y distribuir carne de pollo en avanzado estado de descomposición. Según la investigación inicial, los responsables lavaban los pollos con químicos, los congelaban y los enviaban posteriormente a distintos puntos de venta, incluidos negocios de comida rápida. El hallazgo generó indignación colectiva, especialmente porque estos productos habrían circulado durante años sin supervisión adecuada.
Las autoridades sanitarias admitieron desconocer la operación, lo que profundizó el cuestionamiento público sobre la debilidad de los controles institucionales. Entidades como Salud Pública, Pro Consumidor y otras direcciones responsables de la vigilancia alimentaria enfrentan críticas por no detectar irregularidades que representaban un riesgo directo para la población. La ciudadanía, que paga impuestos para garantizar su protección, reclama respuestas inmediatas y una revisión de los protocolos de supervisión.
Vecinos de la zona habían percibido malos olores, pero asumían que provenían de comercios cercanos, lo que permitió que el centro operara de forma clandestina por aproximadamente tres años. Testimonios indican que la distribución se realizaba en horas de la madrugada hacia distintos sectores, con una logística organizada que escapó al control municipal anterior. La preocupación se extiende ahora hacia otros productos de consumo masivo, ante el temor de que existan prácticas similares que comprometan la salud pública.
