El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció una serie de medidas que endurecen la aplicación de la ley penal federal contra inmigrantes indocumentados. El abogado de inmigración Ezequiel Hernández, entrevistado desde Phoenix, explicó que estas disposiciones representan un cambio sustancial, ya que transforman delitos migratorios antes considerados menores en faltas criminales graves, lo que implica penas de cárcel más severas y procesos judiciales federales.
Entre las nuevas estipulaciones se incluye castigar con mayor rigor a quienes reingresen al país tras una deportación, así como a quienes transporten o alojen personas indocumentadas, incluso si se trata de familiares lejanos o amigos. También se incrementan las penas por el uso de documentos falsos o el mal uso de visas de trabajo o turismo. Según Hernández, esta ampliación otorga un margen preocupante a los fiscales para criminalizar conductas antes consideradas administrativas.
El experto advirtió que miles de inmigrantes que viven en el país bajo estatus vencido podrían enfrentar procesos federales y penas de hasta dos años de prisión. Asimismo, subrayó que los registros migratorios no se eliminan con el paso del tiempo, ya que permanecen en el sistema gubernamental bajo control de las agencias federales. Hernández concluyó que estas políticas refuerzan la criminalización de la inmigración y exigen un mayor conocimiento legal por parte de las comunidades afectadas.
