Desde su llegada al poder en 2012, la administración del presidente Danilo Medina se ha visto envuelta en una serie de casos de corrupción que han generado fuertes cuestionamientos públicos y políticos. El reclamo por sanciones inició con el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos, sin que se presentaran responsables ante la justicia. Luego, el foco mediático se trasladó hacia el senador Félix Bautista, acusado de manejar irregularmente más de 25 mil millones de pesos en la OISOE, caso que fue archivado por la Suprema Corte de Justicia. Situaciones similares ocurrieron con el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, señalado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cuyo expediente también fue anulado.
Durante el actual mandato, nuevos escándalos han sacudido la gestión oficial. En Bienes Nacionales se denunció un desfalco de 157 millones de pesos, mientras que en el INAPA su director fue destituido tras adjudicar nueve obras en un solo día por más de 392 millones. El caso de los aviones Super Tucano, que reveló el pago de sobornos en contratos de defensa, mantiene bajo prisión preventiva al coronel Carlos Ramón Pizini Núñez y bajo medidas a otros implicados, incluyendo al exministro de las Fuerzas Armadas. Además, la OISOE volvió al centro del escándalo tras la muerte de un ingeniero que expuso una presunta red de corrupción interna.
A finales de 2016, el país se estremeció con la revelación de que la constructora Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para obtener contratos estatales, abriendo un nuevo capítulo en la crisis de credibilidad institucional. A esto se suman denuncias recientes por la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos y supuestas irregularidades en Pro Competencia, dirigidas por Yolanda Martínez. Mientras tanto, la ciudadanía exige sanciones ejemplares y transparencia, pues la confianza en la justicia continúa debilitándose ante la percepción de impunidad.
