En los últimos meses, la presencia de trabajadoras sexuales venezolanas en República Dominicana ha generado un conflicto abierto con las locales, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago. La situación, que comenzó con simples comentarios en redes sociales, se ha trasladado a las calles, provocando discusiones, agresiones y una evidente lucha por el territorio. Mientras las dominicanas acusan a las extranjeras de ofrecer servicios a precios más bajos y “quitarles el trabajo”, las venezolanas aseguran que solo buscan sobrevivir ante la crisis económica y social que atraviesa su país.
El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), que agrupa a unas seis mil trabajadoras sexuales dominicanas, ha llamado al diálogo y la convivencia pacífica, reconociendo que ambas comunidades enfrentan condiciones difíciles. Sin embargo, la competencia se ha intensificado. En calles, avenidas y portales digitales proliferan catálogos de acompañantes donde se promociona la “belleza venezolana” como un producto, con tarifas en dólares y servicios exclusivos, lo que ha despertado resentimientos entre las trabajadoras locales. La problemática refleja un fenómeno regional: en países como Argentina y Colombia se han registrado enfrentamientos similares entre mujeres que ejercen el trabajo sexual en contextos de migración masiva.
Paralelamente, las autoridades dominicanas han detectado un preocupante aumento de casos de trata y explotación sexual. Solo en los últimos dos años, la Procuraduría General ha rescatado a más de 60 mujeres venezolanas víctimas de redes delictivas. Muchos de estos casos, como el emblemático de Casablanca en 2016, revelan la vulnerabilidad extrema de mujeres que llegan al país sin recursos ni estatus legal, terminando atrapadas en condiciones de abuso. Pese a los esfuerzos estatales, el reto continúa: ofrecer protección efectiva a las víctimas sin criminalizar la pobreza ni ignorar la raíz estructural de la migración
