El viaje del procurador Jean Alain Rodríguez a Brasil, para reunirse con las autoridades del caso Lava Jato, generó más incertidumbre que respuestas. Aunque aseguró haber negociado la entrega de documentos sobre los funcionarios dominicanos sobornados, el país continúa sin nombres, acusaciones ni avances tangibles. Según el acuerdo, Brasil proporcionaría la información en un plazo de 60 días, una promesa que muchos consideran insuficiente ante la magnitud del escándalo y el secretismo del Ministerio Público.
Mientras otras naciones latinoamericanas ya han procesado y condenado a funcionarios implicados, la República Dominicana sigue sin identificar un solo responsable. Diversos sectores denuncian que el acuerdo con Odebrecht podría garantizar impunidad, al centrarse en el pago de multas y no en la persecución penal. Analistas advierten que el país corre el riesgo de quedar como la única nación que “no quiso resolver” su parte del entramado de corrupción regional.
En paralelo, el movimiento Marcha Verde entregó más de 300 mil firmas al Gobierno, exigiendo una comisión independiente para investigar los sobornos y sobrevaluaciones. La ciudadanía espera que el presidente Danilo Medina, en su discurso del 27 de febrero, rompa el silencio y asuma una postura clara ante uno de los mayores casos de corrupción en América Latina. Hasta entonces, la frustración y la desconfianza hacia las instituciones continúan en aumento.
