El alcalde de Santiago, Abel Martínez, acudió ante la Comisión de la Junta Central Electoral (JCE) para presentar denuncias sobre la supuesta emisión irregular de cédulas y carnés de regularización falsos, presuntamente utilizados por nacionales haitianos en condición migratoria irregular. Martínez afirmó que estos documentos permitirían a los beneficiarios operar en el país y realizar actividades comerciales de manera ilícita, lo que —según sus declaraciones— constituye un riesgo para la institucionalidad y la soberanía nacional.
Tras la denuncia, el Ministerio de Interior y Policía respondió con firmeza, señalando que el alcalde no posee facultades legales para ejecutar persecución o fiscalización migratoria, ya que dichas atribuciones corresponden a las autoridades competentes. El ministro advirtió que las acciones de control deben canalizarse a través de los organismos del Estado, recordando que el manejo de extranjeros y la verificación documental son responsabilidades exclusivas de la JCE y de la Dirección General de Migración.
El intercambio entre ambas autoridades reavivó el debate nacional sobre la regularización de inmigrantes haitianos y los límites institucionales de los funcionarios municipales frente a los temas migratorios. Mientras Abel Martínez insiste en denunciar lo que considera una amenaza a la legalidad, el Gobierno central llama al respeto de los procesos establecidos. La tensión entre ambas posturas refleja la complejidad del tema migratorio y la necesidad de coordinación entre las distintas entidades del Estado.
