En la ciudad de Santiago, la comunicadora y propietaria del medio de comunicación Aridia Taveras fue condenada a tres años de prisión y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, tras ser hallada culpable de estafa y asociación de malhechores. Según el expediente, Taveras habría vendido en múltiples ocasiones un mismo apartamento, engañando a varios compradores y causando pérdidas millonarias. El caso, ampliamente seguido por la prensa local, ha generado gran repercusión por tratarse de una figura reconocida del ámbito mediático.
Durante la audiencia, Aridia Taveras protagonizó un momento de tensión al defenderse enérgicamente ante el tribunal, afirmando que “nunca ha robado” y que devolvería el dinero “aunque no le importe la gente, porque no soy ladrona”. Visiblemente alterada, acusó a su abogado anterior de actuar con rebeldía en su contra y denunció presuntas irregularidades en el proceso. “No profanemos el cristianismo, seamos justos”, exclamó frente a jueces y presentes, insistiendo en su inocencia y asegurando que todo se trataba de una persecución personal.
A pesar de sus declaraciones, el tribunal dictó una sentencia ejemplar por considerar que existían pruebas suficientes de la estafa. El Ministerio Público destacó la gravedad del caso, señalando que las víctimas fueron varias personas que confiaron en la reputación de Taveras como profesional de los medios. Su condena ha reavivado el debate sobre la ética en figuras públicas y la responsabilidad penal cuando utilizan su influencia para cometer actos ilícitos.
