El asesinato de la pequeña Yuliana Samboní, de apenas 7 años, ha estremecido al país y generado indignación colectiva. La menor fue secuestrada en su barrio por el arquitecto Rafael Uribe, quien la mantuvo en cautiverio durante 36 horas, donde sufrió torturas y abuso sexual antes de ser asesinada por asfixia en un lujoso apartamento de la capital.
La Fiscalía confirmó que, pese a intentos de alterar la escena, existen pruebas contundentes que incriminan a Uribe, incluyendo evidencias de abuso sexual y violencia física. Vecinos declararon que el hombre era visto ofreciendo dinero a niñas de escasos recursos. Mientras tanto, la defensa intenta alegar consumo de drogas para reducir su responsabilidad, lo que ha despertado temor sobre posibles beneficios judiciales.
En Bogotá y otras ciudades, ciudadanos han salido a las calles para exigir cadena perpetua. Decenas de personas han acudido al lugar del crimen para dejar flores, cartas y juguetes en honor a Yuliana. El caso ha encendido un debate sobre la eficacia del sistema judicial colombiano y la protección que a menudo reciben quienes cuentan con poder económico e influencias.
