La indignación ciudadana por la gestión de seguridad pública se intensifica tras los recientes hechos vinculados a John Percival Matos. Voces de la prensa y sectores sociales denuncian fallas en los organismos de inteligencia y reclaman explicaciones claras sobre por qué señales públicas —incluyendo mensajes y publicaciones en redes— no fueron interceptadas ni usadas para prevenir hechos violentos. La percepción de impunidad y de seguimiento insuficiente ha minado la confianza pública en las instituciones.
Periodistas y analistas subrayan que la dimensión mediática del caso —publicaciones virales, versiones contradictorias sobre sitios de captura y filtraciones— evidencia una coordinación deficiente entre inteligencia, policía y fiscalía. Esa falta de articulación, sostienen, no solo dilata la investigación sino que expone debilidades operativas que posibilitan a estructuras criminales actuar con relativa impunidad. Exigen además rendición de cuentas y medidas inmediatas que incluyan protocolos de información y transparencia en las operaciones.
La advertencia es nítida: sin un cambio real en la operativa del Estado y sin políticas sostenidas de prevención, la inseguridad seguirá afectando la vida cotidiana, la inversión y el turismo —sector vital para la economía—. Los ciudadanos piden un plan de seguridad coherente, supervisión independiente de las investigaciones y sanciones claras para responsables institucionales que incumplan sus obligaciones. La paciencia social se agota; las autoridades están obligadas a actuar con eficacia y transparencia.
