El tema de la declaración jurada de bienes volvió a generar polémica tras las más recientes declaraciones del Presidente de la República. Todo surge por la extensión irregular de plazos que inició Gustavo Montalvo —75 días adicionales, luego una semana más— hasta que el propio mandatario otorgó otro nuevo período. La ley, sin embargo, establece que todo funcionario debe presentar su declaración al asumir el cargo, sin excusas.
La contradicción oficial fue evidente: mientras la ley exige inmediatez, el Presidente justificó la mora alegando que algunos funcionarios “ni sabían que tenían que hacerla”. Entre ellos figuran exministras con décadas de experiencia, como Ligia Amada Melo, además de viceministros, gobernadores, subdirectores e incluso miembros de organismos estratégicos como la Junta Monetaria e Indotel. El caso deja entrever que no se trata de desconocimiento, sino de una permisividad política.
Analistas subrayan que este manejo erosiona la transparencia: no solo se incumplen los plazos, sino que las declaraciones juradas tampoco son auditadas en origen. Funcionarios con patrimonios millonarios no han justificado el crecimiento de sus fortunas, mientras otros son premiados con ascensos pese a incumplir la norma. La situación refleja que, más que un mecanismo de control, el sistema se ha convertido en un formalismo vacío que debilita la confianza ciudadana.
