El creciente número de asaltos en la República Dominicana refleja un deterioro preocupante en la seguridad ciudadana y en la capacidad de respuesta del Estado. A los casos recientes, incluido el robo a la sucursal del Banco Popular en Plaza Lama, se suman múltiples asaltos a ferreterías, farmacias y comercios, lo que ha generado un clima de alarma generalizada. Analistas advierten sobre el vínculo entre la corrupción política y la delincuencia común, que estaría alimentando este panorama de violencia.
El caso de John Percival Matos, señalado como líder de varios asaltos de alto impacto, reabre el debate sobre la preparación militar de algunos delincuentes y la logística de sus operaciones. Testimonios y evidencias apuntan a un mismo modus operandi: uso de armas largas, ametralladoras y hasta bombas lacrimógenas para dispersar a la gente, además de estrategias de distracción como disparos al aire y lanzamiento de dinero. La precisión, rapidez y sangre fría con que se ejecutan estos atracos indican un nivel de entrenamiento y coordinación difícil de enfrentar por las fuerzas de seguridad.
En este contexto, especialistas llaman a “repensar el país” y fortalecer la institucionalidad frente a una criminalidad que parece superar la capacidad de control estatal. El paralelo con México y Venezuela se hace cada vez más recurrente: sociedades donde la corrupción política, la debilidad institucional y el crimen organizado se entrelazaron hasta normalizar la violencia. De no corregirse el rumbo, advierten, la República Dominicana podría seguir ese mismo camino, con graves consecuencias para su estabilidad social y económica.
