El reciente informe publicado por Diario Libre sobre los salarios y patrimonios de funcionarios públicos ha encendido un fuerte debate en la opinión pública dominicana. Según el análisis, más de 2,700 funcionarios aún no han presentado su declaración jurada de bienes, pese a lo que establece la Ley 311 y la Constitución en su artículo 146. En medio de esta irregularidad, se han revelado incrementos salariales de hasta 600 mil pesos en cargos ministeriales y administrativos, contrastando con los bajos ingresos de policías, maestros y servidores públicos básicos.
El caso del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, generó gran controversia. En 2012 percibía un salario de 75 mil pesos y un patrimonio declarado de 146 millones. Hoy, con un sueldo de 300 mil pesos, su patrimonio asciende a 770 millones, multiplicado 4.5 veces en apenas un período. Situación similar ocurre con Simón Lizardo, actual administrador del Banco de Reservas, cuyo salario mensual se acerca al millón de pesos, más dietas adicionales que elevan sus ingresos a más de 1.5 millones de pesos mensuales.
Mientras tanto, maestros siguen ganando entre 12 y 18 mil pesos, y los policías apenas alcanzan 5 mil mensuales, lo que evidencia una brecha salarial alarmante. Para juristas y analistas, este escenario constituye no solo una inequidad social, sino un “enriquecimiento ilegítimo”, un privilegio desmedido que erosiona la confianza ciudadana en la gestión pública.
