El hallazgo de un cargamento de armas de guerra en el puerto de Jaina Oriental ha puesto en el centro del debate público a la familia del diputado reformista por San Pedro de Macorís, Néstor Muñoz. Según las investigaciones preliminares, las armas, entre ellas fusiles AR-15, M-44 y M-16, además de municiones y una escopeta, fueron enviadas desde Pompano Beach, Florida, ocultas en estructuras metálicas para carpas. El envío estaba consignado a la empresa Sandy Cargo Express, pero la factura señalaba como destinatario al legislador.
El procurador general anunció que solicitará el nombramiento de un juez especial, dado que el caso involucra a un diputado, lo que ha generado críticas por el manejo con pinzas de las investigaciones. La Ley 631-16 de armas establece penas de 10 a 20 años de prisión por tráfico ilícito, además de decomisos y multas significativas, lo que reviste el caso de una gravedad mayor.
Daniel Sosa, propietario del courier Santo Domingo Cargo Express en Miami, admitió haber recibido las cajas de parte de Radamés Muñoz, sobrino del diputado, quien reconoció ante familiares su implicación en el envío y pidió perdón. Mientras tanto, la empresa Sandy Cargo Express, consignataria en el país, asegura desconocer vínculos con los Muñoz ni con el cargamento. El caso sigue bajo investigación, en medio de la presión social para que no quede en la impunidad.
