El caso de Giovanni Tavares Pérez, alias El Capri, ha generado conmoción en la opinión pública tras difundirse un video en el que el acusado justifica haber herido a varias personas durante las fiestas patronales de Santiago Rodríguez. El hombre, conocido en la zona por hechos previos de violencia sin condena, huyó a Estados Unidos después del ataque, lo que motivó una orden de captura internacional en su contra.
Entre las víctimas se encuentra su expareja, Ysis Jorgelina Murtier, quien resultó con tres impactos de bala. La mujer relató que durante ocho años sufrió maltratos físicos y psicológicos, incluso frente a sus hijos. En la entrevista concedida a medios nacionales, expresó que solo sobrevivió gracias a la intervención de un amigo que también fue herido. El testimonio reaviva el debate sobre la violencia intrafamiliar y la falta de protección efectiva hacia las víctimas.
Las autoridades judiciales confirmaron que varias denuncias formales fueron presentadas por las personas afectadas, incluyendo diagnósticos médicos y declaraciones directas. No obstante, persiste el temor en la comunidad, dado que Tavares mantiene comunicación mediante terceros para lanzar amenazas. El caso pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la persecución penal y garantizar seguridad a las víctimas que han denunciado hechos similares sin obtener justicia previa.
