El director general de Aduanas, Enrique Ramírez, reveló este lunes que varias empresas de mudanzas están vinculadas al contrabando de armas de fuego y municiones a través del puerto de Jaina. Según explicó, entre las medidas adoptadas se contempla el retiro de las licencias de operación a las compañías implicadas, aunque no ofreció detalles de cuántas ni cuáles son los nombres. El decomiso más relevante ocurrió a mediados de septiembre, cuando fueron incautados ocho fusiles, un rifle calibre 22 y cientos de cartuchos de distintos calibres, todo escondido dentro de un contenedor.
El caso ha adquirido ribetes políticos tras salir a relucir el nombre del diputado de San Pedro de Macorís, Néstor Muñoz, ya que su sobrino Radamés Muñoz figura como responsable del envío desde la Florida. Documentos presentados indican que el cargamento fue consignado a nombre del legislador, incluyendo una factura vinculada a su empresa familiar, Macorís Gas. Aunque el diputado negó cualquier implicación y aseguró que no autorizó a nadie a utilizar su nombre ni el de su compañía, evitó referirse a su sobrino durante su intervención en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, la investigación mantiene bajo arresto a tres personas ligadas a las empresas NM Shipping y Santo Domingo Cargo Express. El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia designar un juez de jurisdicción especial, dada la condición del legislador. Sin embargo, hasta ahora no se han emitido órdenes contra Radamés Muñoz, pese a que testigos lo señalan como parte clave del envío. La ausencia de acciones firmes contra los responsables políticos ha generado críticas y reclamos de que no existan “vacas sagradas” en el proceso.
