El aumento de cinco pesos en el pasaje dispuesto por los transportistas ya se aplica en distintas rutas, lo que ha generado fuertes críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Aunque el alza fue atribuida al incremento de los peajes, cálculos publicados por medios nacionales demuestran que el beneficio para los choferes es mucho mayor que el costo adicional que alegan cubrir. En el caso de un autobús de 45 pasajeros, por ejemplo, la ganancia por viaje supera ampliamente el alza de 30 pesos en los peajes.
El transporte de carga también se prepara para un ajuste similar, bajo el argumento de que el incremento afecta a los camiones de mayor tamaño, que pagan más debido a la reclasificación de ejes. Sin embargo, analistas sostienen que, al trasladar los costos al consumidor, estos gremios terminan aprovechando coyunturas para enriquecerse a expensas de la población más vulnerable. “Se trata de un abuso y un atraco disfrazado de justificación económica”, advirtieron críticos.
El gobierno ha planteado que la solución de fondo vendrá con la nueva ley de tránsito, actualmente en el Congreso, la cual contempla un organismo regulador que fijará tarifas de pasajes según la distancia recorrida y las rutas concesionadas. De aprobarse y aplicarse correctamente, esta normativa limitaría la capacidad de los sindicatos de imponer alzas de manera unilateral. Por ahora, la ciudadanía carga con el impacto directo de una medida que aumenta los gastos mensuales de miles de hogares de ingresos modestos.
